En medio del escándalo que sacude a la justicia ecuatoriana —casos Metástasis, Purga, Plaga y Euro 2024— se ha instalado una narrativa cómoda: Mario Godoy y el Gobierno serían los responsables de todo lo que hoy se destapa. Una narrativa simple, emocionalmente satisfactoria, pero profundamente incompleta.
La realidad es más incómoda y más compleja.
Mario Godoy no llegó a la Presidencia del Consejo de la Judicatura porque fuera el candidato ideal, ni porque representara un estándar ético incuestionable. Llegó porque, en el tablero político de ese momento, las alternativas que estaban sobre la mesa generaban un riesgo mayor: que el correísmo retomara el control de la Judicatura en un contexto de justicia infiltrada por redes criminales. (Casos Metástasis, Purga,Plaga)
Ese es el punto que hoy muchos prefieren ignorar.
La decisión de respaldar a Godoy fue política y defensiva, no moral ni ejemplar. No fue una elección entre “el mejor” y “un malo”, sino entre un perfil con flancos éticos pero sin militancia correísta, y otros perfiles que —aunque menos cuestionables en apariencia— contaban con respaldos políticos que despertaban una profunda desconfianza en el Ejecutivo y en amplios sectores del país.
¿Fue una apuesta arriesgada? Sí.
¿Fue ilegal? No.
¿Fue éticamente impecable? Tampoco.
Pero reducir esa decisión a una supuesta complicidad con el crimen organizado es una distorsión grave del debate.
Se ha insistido en que Godoy, en su ejercicio profesional previo, tuvo vínculos con personas luego procesadas por narcotráfico. Ese dato existe y debe decirse con honestidad. Lo que también debe decirse es que no existe, hasta hoy, una condena penal ni una prueba judicial que demuestre que Godoy haya cometido delito alguno. Confundir el ejercicio del derecho a la defensa con afinidad criminal es una falacia peligrosa que debilita el Estado de derecho.
Otra cosa distinta es la idoneidad política y simbólica para presidir una institución tan sensible como el Consejo de la Judicatura. En eso, muchos juristas tienen razón: en un país atravesado por mafias, el margen de tolerancia al “gris” es mínimo. Y ese es precisamente el error del Gobierno: subestimó el costo político y simbólico de esa decisión.
El problema es que hoy se está usando ese error táctico para construir una narrativa totalizante: que el Gobierno “sabía todo”, que “protegía a Godoy”, que es corresponsable de la corrupción judicial. Esa conclusión no está probada y sirve más a intereses políticos que a la verdad.
Paradójicamente, quienes hoy exigen la salida inmediata de Godoy son, en muchos casos, los mismos sectores que durante años guardaron silencio frente a una justicia colonizada, selectiva y funcional al poder político de turno. La indignación tardía también merece ser cuestionada.
Pedir la renuncia de Godoy puede ser una salida política necesaria para bajar la tensión y proteger la institucionalidad. Pero convertirlo en el villano absoluto —y al Gobierno en su cómplice— es una simplificación peligrosa. Porque las mafias judiciales no nacieron con Godoy ni desaparecerán con su salida.
Si algo debería dejarnos esta crisis es una lección clara:
la lucha contra la corrupción no se gana con relatos fáciles ni con chivos expiatorios, sino con decisiones estructurales, transparencia real y una ciudadanía capaz de mirar el cuadro completo, no solo el fragmento que conviene a unos u otros.
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